Mujeres y disidencias sexuales en tiempos de pandemia en Chile, Perú y Ecuador.

Ecuador Feminismo Internacional Voces Militantes

Por Elisa González y Tamara González, militantes de Izquierda Guevarista de Chile;

Victoria Puyucahua y Margarita Sangama, militantes del Frente Democrático del Pueblo-Perú; y,

Paula Molina y María Ayala, militantes del Frente Femenino Manuela León, Movimiento Guevarista Tierra y Libertad – Ecuador.

Septiembre 2020

 

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En el actual contexto de pandemia sin duda que ha sido un escenario complejo para el conjunto de la sociedad por las implicancias sanitarias y los problemas económicos que nuestra clase ha debido enfrentar, haciéndose cargo de la crisis en sí misma. Pero, sin duda alguna, no es lo mismo ser hombre y estar en confinamiento, a ser mujer y/o disidencia y estar en confinamiento. La violencia de género, la precarización del trabajo asalariado, el trabajo doméstico y la exposición al virus son solo algunas de las problemáticas que deben enfrentarse.

Las mujeres y disidencias históricamente hemos estado resistiendo, y -recién- en el último tiempo hemos visto avances importantes; no obstante, el patriarcado todavía nos violenta y oprime. Si bien cada vez más las mujeres nos hemos ido abriendo paso en el mundo laboral, la división sexual del trabajo persiste en ser un pilar del sistema patriarcal. Existen, todavía, diferencias en función del género en los trabajos que desempeñamos mujeres y los que desempeñan hombres. Estas son consecuencias de la manera en que se ha organizado la sociedad, donde lo público y productivo ha sido relegado a los hombres, mientras que lo privado, reproductivo y de cuidado a las mujeres.

El trabajo de cuidado y reproductivo en Latinoamérica en muchos casos es visto como algo secundario, que se encuentra en un segundo plano y que se asume debe ser realizado por mujeres. Es más, ni siquiera es reconocido como trabajo y está lejos de contar con una remuneración económica o un reconocimiento como tal de parte de los Estados. Muy por el contrario, los mismos perpetúan estas dinámicas de opresión e invisibilización del trabajo doméstico y reproductivo. Los Estados abogan por un sistema patriarcal, por lo cual la mujer no solo está sometida por ser mujer, sino por múltiples formas relacionadas con un sistema capitalista hetero-patriarcal colonizador.

El Estado en los diferentes países de nuestra América son utilizados por las élites económicas para sostener el sistema de saqueo y acumulación de riqueza, persiguiendo el beneficio de la minoría, transformándose en un aparato de represión, de invasión colonial y neocolonial del mercantilismo y el capitalismo. El Estado es un ente violento, y como tal, obscenamente patriarcal. Pero, además es racista, siendo capaz de desplegar todas sus fuerzas policíacas y militares para aplastar a todo aquel que se manifestante, especialmente a pueblos indígenas.

Día a día nos matan por ser mujeres, día a día debemos cuidarnos y andar con miedo –por ser mujeres-, y el Estado está lejos de defendernos. Por el contrario los Estados y sus fuerzas represivas nos violentan y reprimen cada vez que alzamos la voz, ya sea un 8 de marzo o cuando el patriarcado nos ha arrebatado a una de las nuestras. El Estado nos sigue negando nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, el Estado sigue siendo el gran enemigo de las mujeres pobres, pues está plagado de misoginia en todas sus aristas: porque a los violadores aún los defienden su familia y amigos. Porque se las sigue acosando en las calles, los buses, los centros educativos y en los trabajos. Porque muchas mujeres no encuentran paz ni en sus hogares. Porque a ellas se les sigue asociando con la esfera del hogar y siguen siendo las encargadas de estas labores, aun cuando tienen que lidiar con su trabajo, porque hacemos doble o triple jornada laboral.

A continuación, hacemos un análisis de la realidad que viven los territorios de Perú, Chile y Ecuador, quienes vivimos realidades similares, aquejadas por los mismos problemas, donde el Capitalismo y el Patriarcado calan profundo sea cual sea la ubicación. Unidas en las mismas luchas nos propusimos escribir, analizar y compartir nuestras vivencias, convencidas y seguras de la liberación, no sólo del territorio que habitamos, sino que de toda nuestra América.

Violencia física y psicológica intrafamiliar.

El sistema capitalista aboga por conservar la estructura de familia nuclear hetero-patriarcal monógama ya que en esta se centra una cultura individualista y de propiedad privada. Es individualista porque se enfoca en el cuidado de un pequeño grupo de persones y se aleja de una perspectiva comunitaria. Aboga por la propiedad privada porque la lógica de procrear hijes que sabes que fueron “creación” solo tuya y de tu pareja, y forman parte del linaje sanguíneo, es proteger la propiedad privada con el imaginario de la herencia familiar de los bienes materiales adquiridos.

Pero la forma de familia nuclear es solo un imaginario que impone el capitalismo. No es funcional en la realidad de la clase obrera. Por esta razón existen varias problemáticas que genera el entorno familiar y entre ellas está la violencia intrafamiliar. Esta se puede definir como el conjunto de actitudes o de comportamientos de abuso de un miembro de la familia contra otro, en la que se afecta su integridad física y psicológica, tiene como objetivo el control del familiar violentado, que presenta un carácter sistemático y se encuentra en su base el establecimiento de relaciones interpersonales deficientes, sin un sistema de comunicación adecuado y con patrones de comportamientos aprendidos en su subjetividad típicos de violencia. Hegemónicamente estas actitudes de abuso son ejercidas por parte del padre de familia y la persona que es sometida es la madre. Esto se debe a la cultura patriarcal la cual crea una forma de relacionarse que se aprende de manera intergeneracional.

En Chile, de acuerdo con los datos entregados por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, desde el inicio de la pandemia, han bajado entre un 12% y 20% las denuncias por violencia intrafamiliar a Fiscalía, en comparación con el periodo del 2019. Por otro lado, las llamadas al Fono de Orientación 1455 y el Fono 149 de Carabineros, han aumentado un 80%. Ahora bien, en estas cifras no se contabilizan los casos donde mujeres buscan apoyo en espacios organizativos autogestionados, por lo que podemos inferir que la situación puede estar siendo abismante en términos de violencia. Además no existe concordancia entre la cantidad de llamados que se reciben a diario, podemos pensar que existe un temor de denunciar de manera formal los episodios de violencia que pueden estar viviendo. La convivencia a la que nos hemos visto expuestas 24/7 puede incrementar el miedo a denunciar y saber que no existirá nada que nos proteja de una eventual golpiza o maltrato.

Según cifras entregadas por la Subsecretaría de prevención del delito, durante el año 2019 hubieron más violaciones que en los 9 años anteriores, registrándose 11 ataques por día y sobre 4000 violaciones denunciadas. Las víctimas son mujeres registrándose un 88,47% del total de denuncias, las cuales han ido en aumento de manera constante desde el año 2016.

Si hacemos referencia a la violencia psicológica, es importante manifestar que la violencia física siempre va acompañada de daño emocional. Podemos señalar que esta es altamente invisibilizada, lo cual hace más complejo poder contar con cifras exactas ya que muchas de las formas de violencia psicológica son normalizadas. Sin embargo, las cifras oficiales no dejan de ser alarmantes. En los últimos años, en promedio, un 48% de los casos por violencia intrafamiliar corresponden a violencia física, mientras que el 52% a violencia psicológica, aun cuando 48% en su gran mayoría debe ir acompañado de violencia psicológica.

En lo que respecta a los femicidios, según las cifras que maneja SERNAMEG al 10 de septiembre  de 2020 en Chile se registran 27 consumados y 86 femicidios frustrados. Cabe mencionar que en Chile se consideran femicidios sólo si el asesinato es realizado por quien es o ha sido esposo o conviviente de la mujer. Si bien se habla que los delitos por violencia intrafamiliar han tenido una baja de un 18%, creemos que esto se debe a que el confinamiento limita las posibilidades de estampar una denuncia, o que existe una dependencia económicas que se acrecienta con la crisis económica que vive el país o con las limitaciones que presenta el confinamiento para pedir ayuda y apoyo social (emocional) a un otre. Por otro lado, como ya comentamos, las cifras en busca de ayuda se han acrecentado enormemente y se ha llegado a 14 denuncias más de femicidio que durante el año 2019, esto muestra  un aumento del 200% en un mismo período de tiempo.

En el caso del Perú la historia no es diferente. El chat de la Línea 100 es una de las herramientas creadas por el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables (MIMP) para brindar apoyo a quienes deseen recibir información institucional para la atención y prevención de conductas violentas, especialmente  en las relaciones de pareja. Esta fue creada en el año 2011 y es este año se ha visto un incremento exponencial en la intensidad de uso, pues hasta el mes de julio se había duplicado la cantidad de intervenciones de todo el año 2019; por ejemplo, en junio del año 2019 se dieron 441 atenciones, mientras que en el mismo mes del año 2020 se registraron 3286.

El MIMP ha informado que desde el 16 de marzo hasta el 15 de julio se han atendido 900 casos de violación sexual, de los cuales 640 casos fueron en agravio de niños y adolescentes. Además se han presentado 66 casos de víctimas con características de feminicidio atendidos por los servicios del Programa Nacional AURORA en lo que va del periodo enero – junio 2020; un 69% de este número de víctimas (46) no tomó ninguna medida previamente a que ocurriera el hecho, solo 9 de ellas realizó una denuncia, 8 optaron  por separarse o acudir a un familiar, tomando en cuenta que 57 de las víctimas eran mujeres que comprenden el rango de edad de 18 a 59 años, y en un 62% de los casos el atacante tenía una relación de pareja, los  hijos de las víctimas de femicidio sufren un golpe doble, en un mismo momento pierden a su madre pero también a su padre.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo denunció que durante los  3 meses de la cuarentena se reportaron aproximadamente 915 mujeres desaparecidas, principalmente niñas y adolescentes, de las cuales no se sabe si aparecieron o no ya que no existe ninguna herramienta pública actualizada que facilite dicha información, incluso ellos mismos no tienen una data exacta, lo cual es preocupante ya que durante el 2019 se observó que el 10% de los feminicidios fueron previamente denunciadas como desapariciones.

Debemos recordar que según la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales (ENARES) se concluyó que el 58.9% de la población aprueba la violencia contra la mujer, el 33.2% afirma que la mujer infiel debe ser castigada y el 3.1% piensa que provocan el acoso masculino por su forma de vestir. Esta misma encuesta señala que el 52.7% de encuestados piensan que la mujer debe priorizar su papel de madre y esposa: no debe descuidar su hogar; mientras que el  Ministerio Público indica que el 60% de los feminicidios ocurre justamente en este entorno.

    

De la misma manera, en Ecuador, del 12 de marzo al 20 de mayo, se registraron 17964 llamadas en las que se denunciaba violencia familiar, es decir, una llamada cada cinco minutos de lunes a jueves y una cada tres durante el fin de semana. Y otras 6819 entre el 12 de marzo y el 11 de abril, cuando las restricciones de movilidad se flexibilizaron. A pesar de lo alarmante que estas cifras puedan parecer, esto representa una disminución del 37% en comparación con el mismo período del año anterior. Esto no se debe a que la violencia haya sido sometida también a cuarentena, si no a que, al convivir más tiempo con el agresor y estar bajo su vigilancia, disminuyen los espacios para pedir auxilio y denunciar. Estas cifras representan únicamente a las mujeres que encontraron algún medio de alzar su voz, ¿cuántas más sufren en silencio?

Aunque estas cifras son las oficiales, entre los medios ecuatorianos hay muchas contradicciones. Además, a nivel global ha existido un incremento en las denuncias de violencia de género por lo cual las cifras dadas por el gobierno son debatibles. Esta realidad nos hace cuestionar qué tan funcional es la relación de la familia nuclear en el Ecuador y en el mundo. Si la mayoría de persones que llaman a esta línea de ayuda son mujeres, ¿Por qué el Estado no hace nada frente a esta realidad de violencia hacia la mujer? y ¿Por qué los medios de comunicación del Estado ecuatoriano varían en el número de cifras de las llamadas de emergencia por violencia de género?

En el país, el 92% de los homicidios de las mujeres son feminicidios o existen sospechas de serlo. El 64% de los feminicidios son cometidos por parejas o exparejas. El 48.7% de mujeres víctimas de violencia por parte de sus parejas vive en las zonas urbanas, mientras que el 48.5% en áreas rurales. El 81% de las mujeres divorciadas sufre violencia, frente al 31% de las mujeres solteras. El 53.9% de mujeres afronta violencia psicológica, mientras que la violencia física ocurre en 38% de los casos. El 70.5% de las mujeres entre 16 y 20 años sufre más violencia. Y el 63.2% de las mujeres, de cualquier nivel socio-económico, vive diversas formas de violencia. Estas cifras nos llenan de vergüenza. El Ecuador es uno de los países con más altos índices en feminicidio o asesinato de mujeres, así como de violencia contra la mujer ¿Qué está sucediendo en nuestra sociedad?

Según una encuesta oficial, el 64 % de mujeres en Ecuador han sufrido algún tipo de violencia basada en género, el 30 % dentro de sus hogares y en un 43 % de los casos el perpetrador es el compañero. La probabilidad de sufrir violencia cuando el compañero está en casa o en desempleo aumenta en un 28 %. El Consejo Nacional para la Igualdad de Género explica que “[e]n contextos de emergencia la violencia contra las mujeres basada en género, particularmente la violencia intrafamiliar aumenta debido a las tensiones y conflictos en el hogar”. Como si las tensiones y conflictos fueran excusa suficiente para recurrir a la violencia.

Durante los dos primeros meses de confinamiento se registraron en el país 26 feminicidios en los que las mujeres habían sido asfixiadas, baleadas, acuchilladas, mutiladas, desfiguradas o incineradas. Entre las víctimas se encuentran niñas de 4 años, 14 meses y una adulta mayor de 83 años. Contrario a lo que se pensaría, tomando en cuenta que una de las principales medidas de la cuarentena es el aislamiento, los ataques no se producen solo en la esfera privada, sino también en el espacio público, a pesar de la presencia de militares y policías en las calles (recordemos, además, que en ocasiones estos últimos son los perpetradores de violaciones y femicidios). Once de los casos han sido presentados como “presuntos femicidios” ya que se cree, entre otras cosas, que las mujeres pudieron haber cometidos suicidio. Esto no hace más que llevar a las autoridades ineptas del Estado a evitar las investigaciones e ignorar el dolor de muchas familias que insisten en que sus hijas, hermanas o madres fueron asesinadas por sus parejas. En Ecuador solo el 53% de los casos de femicidios son resueltos. El 47% restante, ante la inercia, el silencio, la omisión o inactividad de quienes administran la justicia, caen en la figura de feminicidio, pues se consideran crímenes de Estado.

Desde una perspectiva crítica, feminista y marxista, el feminicidio constituye una guerra perpetrada contra las mujeres, que pone de manifiesto lo que las consignas del Paro Internacional de Mujeres habían señalado: si nuestros cuerpos no valen, entonces produzcan sin nosotras. Al revisar las cifras de los tres países es evidente que todavía existe una cultura de violencia hacia las mujeres y las disidencias que se haya, lamentablemente, altamente arraigada. Si bien, poco a poco las mujeres y disidencias se han ido abriendo paso, todavía nos matan por ser mujeres o disidencias, todavía debemos cuidarnos para no ser violentadas, todavía se nos relega a ciertas actividades  y lo que es muy grave, aún pareciera que muchas formas y conductas violentas son normalizadas y atribuidas a nosotras mismas.

Podemos evidenciar que la violencia intrafamiliar se ha visto incrementada, sumando denuncias o llamados a los distintos números que han dispuesto los distintos Estados, pues somos conscientes de que el patriarcado y la violencia machista son transversales a cualquier territorio. Sin embargo, no deja de preocuparnos el incremento de los niveles de violencia en el contexto de pandemia, pues si bien muchas mujeres y disidencias se atreven a llamar o a realizar consultar sabemos que la realidad es aún más brutal, el mantener cuarentenas o estar encerradas la mayor parte del día con los agresores genera más miedo para denunciar, si no se cuentan con las redes de apoyo necesarias a las cuales recurrir y poder salir del lado del agresor. El Estado no nos protege, pues el denunciar no nos asegura el estar tranquilas, seguras, ni sanas.

Una de las metas del capitalismo es reducir la empatía humana y entrenar a les persones para que consigan ejecutar, tolerar y convivir con actos de crueldad cotidianos. El hecho de que la violencia contra las mujeres continúe aumentando, aún a mitad de una pandemia mundial, es prueba de cómo se despliegan el capitalismo y el patriarcado.

Métodos anticonceptivos, embarazos no deseados, AOE y aborto.

El lugar que ocupamos las mujeres en el capitalismo, ha significado el desarrollo de permanentes mecanismos para que cumplamos nuestro trabajo en la reproducción de la fuerza de trabajo y en su sostenimiento. Estos mecanismos se basan no solo en la obligatoriedad de sostener el cuidado y la reproducción de la vida, si no en cumplir el destino manifiesto de la maternidad. Si antes de la pandemia era difícil obtener acceso a métodos anticonceptivos en Chile, Ecuador y Perú  el problema se ha acentuado ahora.

En Chile todavía existe un gran problema en lo que a educación sexual respecta. Si bien se han ampliado las políticas sobre métodos anticonceptivos en el sistema público, y los embarazos en la población adolescente han disminuido en las últimas décadas, creemos que todavía no es suficiente. En septiembre del 2017, entró en vigencia la ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: riesgo de vida de la madre, “inviabilidad del feto” y “violación”. Según cifras entregadas por el Ministerio de Salud, de los procedimientos realizados desde que entró en vigencia la ley hasta diciembre del 2019, en Chile se han realizado solo 1.535.

Actualmente existen 69 hospitales habilitados para realizar prácticas de abortos a lo largo del país dentro del marco legal. En 41 hospitales, la mitad o más de los médicos son objetores de conciencia en alguna de las tres causales. Esta llamada “objeción de conciencia” en la realidad concreta les faculta para no cumplir la ley y no realizar procedimientos de interrupción en cualquiera de las tres causales. Pueden realizar la objeción de conciencia médicos obstetras, anestesistas, matronas y paramédicos, pueden apelar a argumentos éticos, morales o religiosos. Se estima que de la totalidad de abortos realizados anualmente en Chile, cerca del 90% se ejecuta de manera clandestina, consiguiendo en el mercado ilegal los medicamentos para realizar el procedimiento. Pocas personas son quienes se someten a la burocracia de un sistema que cuestiona, humilla y decide sobre nuestros cuerpo para poder otorgar el derecho a optar por alguna de las tres causales.

Durante los últimos meses, en que nos hemos visto enfrentadas a la pandemia, hemos sido espectadores de este aumento de demanda de medicamentos para realizar interrupción de embarazos. Nos encontramos con escasez de los medicamentos y muchos revendedores del mercado ilegal estafan y venden pastillas falsas, dosis menores a las recomendadas de manera segura por la OMS o se hacen pasar por páginas de acompañamientos y si se corre con suerte consigues lo necesario pero a un precio elevadísimo, que está por sobre los 200 dólares por dosis. Los servicios de salud reproductiva, como anticoncepción y aborto, deben seguir ofreciendose como un servicio esencial para la población durante la crisis sanitaria.  Durante los últimos meses hemos evidenciado una dificultad al acceso de métodos anticonceptivos y en un incremento de embarazos no deseados, también series fallidas de pastillas anticonceptivas, el sistema juega con nuestros cuerpos y nuestras decisiones, entregando medicamentos fallidos en servicios públicos arriesgando a miles de mujeres a tener que enfrentarse a embarazos que no desean y a procedimientos invasivos.

La ONU había rescatado el hecho de que en los últimos años Perú pudo mejorar el acceso a métodos de planificación familiar para mujeres desde los 14 años. Sin embargo, la fragilidad del sistema de salud ante la emergencia sanitaria ha alcanzado también al primer nivel de atención, donde se brinda este servicio, observándose  que aunque se quisiera atender, no se ha logrado abastecer a todos los establecimientos de salud, principalmente las postas en poblaciones pobres o pobres extremas. Por eso, es una preocupación que a raiz de la emergencia sanitaria disminuya el acceso a los metodos de anticonceptivos y que con ello incremente la prevalencia de infecciones de transmision sexual, embarazos no deseasos y abortos clandestinos.

Según un informe de Reproductive Health Supplies Coalition, se calcula que si en 3 meses las peruanas no acceden a los métodos anticonceptivos, casi 5 mil mujeres tendrían embarazos no deseados. Si esta inacción se prolonga por 6 meses, habrían 54 mil y de interrumpirse el servicio de planificación por un año se darían hasta 219 mil embarazos no planificados.

El aborto libre es un derecho criminalizado en el Perú, solo entre 2015 y 2019 se denunciaron a al menos mil peruanas por haberse sometido a un aborto, y segun el código penal, todo personal de salud que las ayude se arriesga a tener 5 años de prisión efectiva y además inhabilitación del colegio profesional. Asi mismo, el artículo 30 de  la Ley General de Salud obliga al personal médico a reportar pacientes con indicios de aborto criminal, contradiciendo el artículo 2 de la constitución, el 165 del código penal y el codigo de ética y deontología del Colegio Médico del Perú que avala el secreto médico y la no revelación de datos personales de los pacientes. Incluso en el año 2004 la CIDH emitió sentencia contra el Estado peruano por no proteger el secreto profesional durante el acto médico por el caso de una atención a una persona acusada por terrorismo en donde la justicia peruana condenó al médico por 20 años.  Es tanta la represión, que en epocas de pandemia una mujer venezolana se suicidó lanzándose de las ventanas de un Hospital Nacional porque la iban a denunciar por presuntamente haberse inducido un aborto.

Por otro lado, desde el año 1924 el aborto terapéutico es legal en el Perú. Esto ha sido ratificado en la Resolución ministerial 486-2014 y durante la pandemia se emitió una normativa que indicaba valorar la opción de finalizar el embarazo en caso que se encuentre en riesgo la vida de la gestante, ante lo cual se desató una contra campaña por parte de grupos pro vida acusando al gobierno de manipular el estado de emergencia sanitaria para implementar “medidas abortistas” aun cuando esta norma es vigente desde hace casi cien años.

En el Perú, el año pasado se aprobó implementar la entrega de kits de emergencia; sin embargo, los informes de la Defensoría del Pueblo revelan que se vieron en la necesidad de intervenir en algunos casos  para garantizar el acceso a dicho kit  el cual incluye el anticonceptivo oral de emergencia y otros tratamiento para prevenir ITS, poniendo sobre la mesa la inacción del sistema de salud para salvaguardar la integridad de mujeres violentadas: mientras que el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables registraba 786 casos de violacion, el Ministerio de salud registró apenas 250 kits de emergencia entregadas a nivel nacional.  A esto se suma que durante una investigación de la misma defensoría del pueblo, se verificó que, en algunos departamentos alejados de la capital, solo el 20% de establecimientos de salud contaban con dichos kits de emergencia, otros usaban  excusas como que el tiempo de aplicación había superado las 72 horas, la falta de documentos de identificación, e incluso se lo negaron a un niño ya que pensaban que este kit era solo para mujeres.

En el caso de Ecuador, el Ministerio de Salud Pública publicó un documento en el que se recomendaba a los centros de salud la entrega, de manera gratuita e inmediata, de información y de la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) a cualquier mujer desde los 12 años, sin tener que presentar ningún documento de identidad, receta médica o autorización de padres, maridos o representantes legales. Asimismo, se exhortaba a asegurar el acceso a preservativos, masculinos y femeninos, de corta y larga duración, así como a información, asesoramiento y servicios (incluida la anticoncepción de emergencia), ya que esto “…salva vidas y debe estar disponible y accesible en la respuesta a la pandemia del COVID-19, con el objetivo de evitar embarazos no intencionados (no planificado más no deseado). Asimismo, las opciones y los derechos de las mujeres a la atención de la salud sexual y reproductiva deben respetarse independientemente del estado de situación secundaria a la pandemia por COVID-19, incluido el acceso a la anticoncepción”.

“El acceso a servicios esenciales de salud como la anticoncepción de emergencia y la interrupción legal del embarazo son la respuesta mínima que los Estados deben garantizar a las niñas que han enfrentado abuso”. Sin embargo, la salud sexual y reproductiva de las mujeres ha sido descuidada -aún más- durante la pandemia, a pesar de ser un derecho que salva vidas y garantiza la autonomía de las mujeres y adolescentes sobre sus cuerpos y sus vidas. Aún antes de la crisis generada por el coronavirus, las políticas de prevención en niñas y adolescentes se habían visto seriamente impactadas por los recortes presupuestarios. Como si esto no fuera suficiente, existen persones en los centros de salud que niegan la atención “a mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia de género o de anticoncepción oral de emergencia tanto a mujeres víctimas de violencia sexual, como a otras mujeres que los han solicitado”.

La interrupción voluntaria del embarazo, es legal en Ecuador cuando está en riesgo la vida de la mujer y cuando el embarazo ha sido causa de una violación a una mujer con discapacidad mental. En el caso de aquellas que buscan interrumpir sus embarazos, aunque debería ser atendida como una emergencia obstétrica, existen demandas de que no se lo está haciendo ya que no se están formando los comités médicos que se integran generalmente para resolver cómo actuar ante estos casos, lo que deja a varias mujeres sin atención.  La situación se complica al pasar todo el tiempo con sus parejas o padres, por lo que buscan información y acceso a los distintos servicios a escondidas. La convivencia en cuarentena es una barrera más para este derecho que de por sí es bastante limitado. Las Comadres, una red feminista que ofrece información para la interrupción de embarazos con fármacos, comentan que durante el mes de marzo han aumentado en un 25% las solicitudes de apoyo. Con la cuarentena han tenido que modificar sus canales de comunicación: “[disminuyeron las llamadas, pero aumentaron los mensajes de texto. No pueden hablar porque las escuchan. No pueden decir delante de sus familias que buscan ayuda, que necesitan abortar”.

Luego, hay casos en los que las mujeres llegan a centros médicos pidiendo atención por un aborto en curso y son denunciadas por médicos o enfermeras que violan la confidencialidad de sus pacientes. Esto le sucedió a una adolescente que llegó al hospital, acompañada de su madre, “por una hemorragia producida por haberse practicado [un] aborto con el uso de misoprostol. La casa de salud […] emitió una denuncia el 16 de abril. [Se] inició un proceso penal en contra de su madre, adulta mayor, por el delito de ‘aborto consentido’ que según el artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sucede cuando une persone facilita un aborto a una mujer que ha consentido previamente esta interrupción del embarazo”. Ahora la madre se enfrenta a una sentencia de hasta tres años de prisión.

“¿Aborto?, en medio de una emergencia sanitaria donde la prioridad es salvar vidas” pregunta Ivonne Mieles, católica, politóloga y provida ecuatoriana. ¡Sí! Aborto libre siempre. Sobre todo, en una sociedad que no garantiza la salud sexual y reproductiva para las mujeres; que, a pesar de ver las cifras alarmantes de embarazos no deseados, continúa reduciendo el presupuesto para la prevención de estos en niñas y adolescentes; y, que castiga penalmente el ejercicio del derecho de autonomía sobre el cuerpo de las mujeres. Las mujeres que desean ejercer su derecho a abortar lo harán aún en medio de una emergencia sanitaria y el poner a libre disposición métodos seguros evitará que se regrese a aquellos (uso de hierbas, como la ruda o el perejil, o de objetos como agujas de tejer, vidrios o perchas, que no deberían siquiera ser opciones) que ponen en riesgo la vida de niñas, adolescentes y mujeres. “La mantención de la norma penalizadora del aborto es violatoria al principio de igualdad, puesto que, desde hace varios años, el Estado ha entendido que hombres y mujeres son iguales ante la ley. Sin embargo, la existencia de esta norma, no permite a la mujer desarrollar esa igualdad”.                                                                                                                                                                  

Salud mental.

El contexto de Chile en materia de salud mental es altamente preocupante, pues desde antes de la crisis sanitaria el país ya se enfrentaba a un difícil escenario en este aspecto. Según la última Encuesta Nacional de Salud, en el 15% de la población, con edades igual o superior a los 18 años, hay sospecha de un cuadro de depresión, siendo mayor la prevalencia en las mujeres, quienes alcanzamos un 21,7% por sospecha de depresión, mientras en hombres la cifra es de un 10%.  En lo que respecta a prevalencia de depresión el porcentaje país es de un 6,2%. El porcentaje en este estudio es de un 2,1% en hombres y un 10,1% en mujeres, mostrándose, al igual que en las cifras anteriores, diferencias significativas entre hombres y mujeres. Los problemas de salud mental afectan mayormente a personas más vulnerables, a la población más joven y a las mujeres. También afecta de manera particular a personas de pueblos originarios (un 27,8%) y se ha visualizado que comienza a temprana edad, entre les niñes de 4 a 11 años.

Con este escenario es que nos ponemos a analizar los datos en el actual contexto de pandemia. Ipsos Chile, ha realizado diversas mediciones, una de ellas fue una pregunta que apuntaba a identificar el impacto de la pandemia en las vidas el que ocupó el primer lugar fue la salud mental, con 43% en la situación de las mujeres y un 30% en el caso de los hombres. En esta misma medición se mostró que si bien los niveles de estrés son similares entre hombres (68%) y mujeres (64%), ellas expresan con más frecuencia el vivir con miedo: mujeres un 48% en comparación a los hombres con un 38%. Y la depresión es declarada en un 32% por mujeres en comparación a hombres que la declaran en un 25%.

Ahora bien, de acuerdo con un estudio de psicologiachile.cl, de todas las consultas que fueron recibidas durante los meses de marzo, abril y mayo, un 72,30% corresponden a mujeres que sufren de estrés y ansiedad a causa del encierro. Las principales causas fueron ansiedad (38%), estrés (20%) y depresión (15%).

El problema de salud mental en Chile es altamente complejo y se agudiza en el actual contexto donde las mujeres experimentan un gran sobrecargar tanto desde el punto de vista laboral y emocional. Las medidas tomadas por el gobierno son insuficientes, pues las problemáticas que afectan a nivel emocional, si bien tienen aspectos que se relacionan con la situación actual, están íntimamente ligadas a determinantes sociales que un modelo neoliberal no es capaz de garantizar.

En Perú, al igual que en Chile, el sistema de salud se encontraba en emergencia aun antes de la llegada del coronavirus, y la salud mental no ha sido la excepción, basta ver que el presupuesto asignado de 312 millones corresponde al 2% de los recursos totales que se le asignan al Ministerio de Salud y que a nivel nacional existen solo 154 centros de salud mental comunitario (1 por cada 39 mil personas), solo 1082 médicos psiquiatras ubicados principalmente en la capital, para darnos cuenta que es un tema pendiente de resolver aun cuando la pandemia ya había acabado por dilapidar todo mecanismo de atención.

Se sabe que ninguno de los tres únicos hospitales psiquiátricos nacionales es considerado punto de atención de pacientes con  coronavirus, por lo que a los trabajadores de salud no se les brindaba  equipos de protección personal para atender a los pacientes, convirtiéndose en un potencial agente de infección para los pacientes. Además, la infraestructura de estos es tan antigua que no se podría realizar un adecuado proceso de aislamiento en cuanto se presente algún caso sospechoso. Es bajo estas limitantes que en una primera instancia se detuvo la atención de todos los pacientes psiquiátricos de manera ambulatoria y/o atenciones de  emergencia, dejando en abandono a pacientes potencialmente vulnerables.

Recién en el mes de abril y mayo se reinició la atención por medio de la teleorientación y telemedicina  a través de los centros de salud mental comunitarios, así como de las líneas públicas de atención, donde personal de salud se pone a disposición para intentar frenar los problemas de salud mental de toda la población peruana.

Otro problema latente es el acceso a medicamentos, el cual tiene restricción de emisión ya que debe hacerse mediante recetas especiales, lo cual en medio de estas crisis de atención no se podían conseguir y de ser así estos habían encarecido por el sistema de libre mercado desatado por la pandemia.

En un estudio realizado por la OPS, se detectó que el 41% de los encuestados serían potenciales casos nuevos de depresión, mientras que un 13% tuvo en algún momento de la cuarentena  ideas suicidas. Esto se debe al incremento de agentes estresores en la vida de los peruanos: se detectó que en el adulto el principal estresor es el trabajo, para el adulto mayor, fue la pensión y para un niño es la misma salud mental de los padres.

Y, en la misma línea que Perú, en Ecuador el capital que se invierte en salud mental es únicamente del 1.2% del presupuesto del Ministerio de Salud Pública, de este porcentaje el 59% se lo destina a los hospitales psiquiátricos. Tampoco hay una ley de salud mental ni un plan de prevención de la misma, por lo que existe una alta demanda de psicóloges. No obstante, con un sistema de salud pública decadente estas solicitudes no son atendidas y se aboga por métodos psiquiátricos arcaicos. De igual manera, acceder a estos espacios es muy complicado en el ámbito público y si se quiere adquirir de manera privada son demasiado costosos para la realidad del proletariado.

Debido a las malas medidas implementadas por los estados capitalistas frente a la pandemia y por el ausente proyecto de intervención frente a una pandemia, la población ecuatoriana fue tomada por sorpresa por el hecho del confinamiento obligatorio, tanto económica como biológica y psíquicamente. Este cambio repentino de realidad genera que en el aparato psíquico se inmovilice y se genere crisis, la cual se puede expresar de diferentes maneras. Además, las problemáticas que ya existían antes se agudizan y empieza la dialéctica entre el estancamiento psíquico y la resolución del conflicto. Así, es de suma importancia en estos casos tener un acompañamiento psicológico, pero el sistema de salud ineficiente del Estado y los intentos de gestionar en plena pandemia un sistema de seguimiento psicológico crearon que la mayoría de proletaries queden desprotegidos.

Ya que la población femenina vive un sin número de opresiones por parte del sistema patriarcal en la vida cotidiana, en tiempos de pandemia esto solo se incrementa. Por ejemplo, el aumento de trabajo que se presenta, la violencia intrafamiliar que se incrementa, los problemas económicos, el cuidado de los hijes, etc. Crean un ambiente perfecto para crear crisis, así lo demuestra un estudio en el cual se pudo ver que el estado de ánimo de las mujeres estaba más afectado por la pandemia que el de los hombres. Por otro lado, muchas de les persones que están en primera fila en la batalla contra el Covid son mujeres (Enfermeras, trabajadoras de limpieza, etc), dadas las condiciones de colapso del sistema de salud y el ajetreo diario genera múltiples malestares psicológicos.

La salud mental siempre ha estado en juego en el sistema capitalista, ya que la precariedad material influye de sobremanera en la psique. Las mujeres no solo están oprimidas por el sistema capitalista sino también por el patriarcado, lo cual ha generado múltiples malestares psicológicos a lo largo de la historia y en la actualidad también. La única solución actual es la abolición total del sistema con el fin de construir una nueva sociedad, sin hetero-patriarcado, sin capitalismo, sin colonialismo; como dice Enrique Pichon-Rivière “en un proceso de liberación, la lucha por la salud no es sólo la lucha contra la enfermedad, sino contra los factores que la generan y la refuerzan”.

Sin duda alguna la salud mental siempre ha sido vista como un elemento secundario en lo que a salud respecta, lo cual se ve reflejado en las bajas cifras en recursos que los distintos gobiernos de los distintos países invierten en este tema: nuestro bienestar no es prioridad. Sabemos además, que como mujeres y disidencias nos toca de distinta manera, pues hay que experimentar por un lado la violencia en manos del capitalismo, y por otro la del patriarcado, lo cual genera mayores dificultades desde el punto de vista emocional. Para una mejor salud mental es fundamental avanzar en la participación de nosotras en espacios colectivos, generando procesos más complejos que permitan y apunten a una incidencia directa a la hora de mejorar las determinantes sociales, las cuales inciden directamente en la salud mental, pues estar bien no es una cuestión de voluntad, es mucho más complejo y está enraizado en su condición de pobreza, desigualdad y segregación. Por tanto, la lucha contra el patriarcado y el capital nos va liberando también de dificultades emocionales.

Entre el teletrabajo y el trabajo doméstico no remunerado.

Desde 1980 el despliegue del modelo neoliberal supuso una integración débil de las mujeres, directa e indirecta, a la base productiva y al modelo de acumulación del capitalismo. El impacto del modelo neoliberal en la situación de las mujeres fue una división sexual del trabajo en que las mujeres asumen doble y triple rol, con el incremento brutal de su carga global de trabajo, y el acceso de la mayoría de ellas al mercado laboral. […] El modelo neoliberal [es] perverso y expoliador de las mujeres, de su vida, no solo de su trabajo. […] Modelos clásicos de democracia burguesa que muestran ciertos cambios desde el Estado en torno a estructuras como las de género, reformando al patriarcado o solo tocándolo de piel, pero que finalmente reproducen “mujeres trabajadoras oprimidas con derechos” .

La guerra contra las mujeres, que se manifiesta a través de violencias de todo tipo, incluida la explotación laboral, muestra que “el proyecto histórico del capital y del patriarcado, es nuestro sometimiento al rol de reproductoras y cuidadoras, a fin de cuentas, el amor que está presente en la dinámica de la economía del cuidado es el trabajo que permite no solo reproducir  materialmente la fuerza de trabajo, si no evitar, aminorar, acolchar la locura que el capitalismo salvaje le genera a la clase obrera”. Y, ¿qué más locura que una pandemia mundial que nos obliga a estar confinados en nuestros hogares por más tiempo del que lo habíamos hecho nunca?

Trabajar desde el hogar implica de por sí una serie de dificultades. Por el eterno rol que se nos ha cargado por el simple hecho de ser mujeres, tenemos una carga extra. No es lo mismo ser varón y estar en cuarentena, a ser mujer y estar en cuarentena. Así, las mujeres realizamos muchas más horas a la semana de trabajo no remunerado. Se estima que en Chile las mujeres realizan sobre 40 horas semanales de trabajo no remunerado, en promedio. Esto sin contar a quienes tienen hijes pues ahí aumentan a cerca de 70 horas semanales. Podemos pensar y evidenciar que siguen existiendo distintos roles los cuales muchos se nos atribuyen a nosotras, las tareas del hogar son realizadas por mujeres por sobre un 90%, en donde nos vemos obligadas a compatibilizar las labores del trabajo y del hogar. Tenemos que cocinar, cuidar a les niñes, ayudarles en las tareas de la escuela, además de enseñarles y repasar lo que están aprendiendo, preparar almuerzo y desayuno todos los días, hacer el aseo y finalmente trabajar, sin sumar que la mayoría de las veces el empleador no respeta las horas formales de labor.

En el mes de marzo se aprobó un proyecto de ley que modifica el código del trabajo, permitiendo realizar trabajo a distancia y/o teletrabajo. El gobierno se aprovechó de la situación de pandemia para darle el sí a este proyecto que sin duda nos deja en una posición totalmente desfavorables como mujeres. Con el avanzar de la pandemia y el confinamiento nos hemos visto enfrentados a compatibilizar el trabajo remunerado y doméstico todo en el mismo tiempo y lugar, el cual la mayoría de las veces no es un lugar acogedor, cómodo y apto para realizar las diversas funciones, muchas veces no se cuenta con el suficiente espacio, para mantener a toda una familia conviviendo la mayor parte del día, hemos visto como no se respetan los horarios laborales y nos hemos visto hostigadas en cualquier momento del día o la noche por parte de nuestros empleadores.

La mayoría de las mujeres se desenvuelven en trabajos informales y con la pandemia esto nos ha dejado en completa vulnerabilidad, pues el Estado no se ha hecho responsable de la crisis económica a la que nos enfrentamos. Ha sido el pueblo quien ha solventado con sus ahorros previsionales, luchando por el retiro del 10% del fondo de pensiones para poder pagar deudas y para poder subsistir. Han sido medidas inoperantes e insuficientes por parte del régimen de Sebastián Piñera y su gobierno, quienes, intentado calmar las cosas, han entregando bonos que siguen segregando, pues no son para todes, ni tampoco son suficientes para cubrir necesidades básicas para un contexto de crisis como el actual.

En lo que a Perú respecta, en la última Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) de Perú se ha evidenciado que las mujeres se caracterizaban por ser autoempleadas, ocupar  trabajos a tiempo parcial e informales, y de encontrarse en un empleo formal se ha evidenciado un corto tiempo de contrato,  por lo que la pandemia ha acrecentado esta vulnerabilidad, desatando consigo una crisis económica en los hogares peruanos, de los cuales el 38% son conformadas por familias monoparentales en donde la jefa del hogar es una mujer.

Es necesario indicar que son las mujeres las que han quedado al cuidado de otros dependientes y quienes asumen las labores domésticas que se han incrementado a raíz de las estrictas medidas de higiene que se requieren para combatir la infección por coronavirus.

En el caso de las trabajadoras independientes, se sabe que en su mayoría cuentan con un trabajo informal, y de ser formal se evidencia que las mujeres están prioritariamente en pequeñas empresas con menos de 10 trabajadores, por lo que sus puestos de trabajo en su mayoría han desaparecido con la pandemia. Es indudable que el impacto de la pandemia en el mercado laboral ha perjudicado el intento de cierre de brechas de género pues no se han implementado políticas públicas que amortiguen de manera eficaz estos efectos negativos.

Bajo el Decreto Supremo N° 011-2020-TR se ha establecido la forma para que las empresas que acrediten se encuentran en  un alto grado de afectación económica por la pandemia covid -19  puedan optar por la suspensión perfecta de labores el  cual implica el cese temporal de la obligación del trabajador de prestar el servicio y la del empleador de pagar la remuneración  respectiva, sin extinción del vínculo laboral es decir suspender las obligaciones del contrato de trabajo de forma temporal; pudiendo comprender a uno o más trabajadores. Esta medida tomada por  el Estado peruano ha generado  importantes consecuencias en los haberes mensuales de los trabajadores.

Por otra parte, otros beneficios como son las gratificaciones y la compensación por tiempo de servicios, verán afectado su cálculo. De las empresas solicitantes  el  80% de solicitudes  tienen entre 1 a 10 trabajadores, el 17% de 11 a 100 trabajadores  y el 3% más de 100 trabajadores. Las solicitudes abarcan a cerca de 205,000 trabajadores, lo que representa el 5.4% del total de trabajadores del sector  privado registrado en la planilla electrónica. Tomando en cuenta que la participación femenina en las empresas de menor tamaño es proporcionalmente mayor que la masculina; a nivel nacional, 70% de los hombres y 76% de las mujeres trabajan en  las empresas más pequeñas del país (con 10 trabajadores o menos), en zonas urbanas estos porcentajes bajan a 63% y 71%, respectivamente;en el tramo siguiente de  empresas (las que tienen entre 11 y 50 trabajadores) hay mayor participación masculina. A esto sumando que las formas de  contratación difieren dentro de una empresa, enfocado  por el puesto de trabajo, y esta medida contempla a los trabajadores en planilla, no hace un gran cambio  a la situación de protección de la trabajadora que no se encuentra en ella, en caso lo esté, el empleador no pagará a las AFP, ni vacaciones, gratificaciones de julio ni CTS a su trabajador, pues ese período no sirve para el cálculo de los beneficios laborales. Según el Ministerio de trabajo el gobierno creó con él  un proceso  de suspensión perfecta de labores muy complicado para evitar que muchas empresas se acojan a esta medida, sin ser una necesidad.

En Ecuador, la situación es similar. Los efectos de la recesión económica se hacen más visibles en los sectores con mayor concentración de empleo femenino, como el comercio y el turismo. Así, del 65,24% de les ecuatorianes que trabajan de manera informal, el 45,14% son mujeres y por lo tanto son más afectadas cuando no pueden ganarse el sustento diario lo que aumenta su grado de dependencia y las posibilidades de sufrir violencia de género. De igual manera, el 96% de persones trabajadores del hogar son mujeres, que, en medio de crisis sanitaria, asumen cargas de cuidado extraordinarias y las medidas preventivas de salud resultan incompatibles con su trabajo.

Aún antes de la crisis sanitaria, 10% de las mujeres estaban desempleadas. Actualmente, el 45% ha perdido su trabajo, principalmente aquellas que tenían trabajos ocasionales o participaban en relaciones comerciales o de venta directa. Asimismo, el 48% de las que estaban en relación de dependencia permanente u ocasional, afirman haber sido separadas, despedidas o suspendidas sin aviso de retorno. El 32,7%, que continúa laborando declaran trabajar menos horas; mientras que el 54,7% comenta que su salario ha bajado. Por otro lado, el 76% de las mujeres ha indicado que se ha incrementado su carga laboral y el 56% se dedica sola a las tareas escolares de sus hijos. ¿Dónde está el padre de los niños?

Una encuesta mostró que el 56% de mujeres siente que trabaja aún más que en tiempos normales de oficina, mientras que solo el 36% de los hombres experimenta esto. Asimismo…Ante la consulta sobre los ‘aspectos que dificultan el teletrabajo’, la opción ‘tener que compatibilizar el tiempo con las tareas del hogar’ se quedó con el primer lugar para ambos grupos [hombres y mujeres]. En este sentido, en el caso de las mujeres el porcentaje llegó al 47% y en hombres al 28%. En la misma línea, la respuesta ‘tener que apoyar con las tareas a los hijos al mismo tiempo que trabajar’, llegó a un 25% para ellas y un 15% para ellos. El sondeo también indagó respecto a qué otras actividades deben realizarse simultáneamente durante la jornada laboral desde casa: un 92% de las mujeres afirmó desarrollar labores domésticas como ‘hacer el aseo y preparar el almuerzo’, lo que llegó al 74% en hombres. Respecto de la educación en casa, un 37% señaló hacer ‘tareas con hijos en edad escolar’ (27% en hombres) y un 30% dijo cuidar a los menores (20% en hombres)” .

En una entrevista, una trabajadora de una empresa privada comentó que su carga de trabajo aumentó porque sus jefes envían correos o llaman a cualquier hora. “Es como si hacer trabajo en casa significaba trabajar 24/7”, dice. Además, debe hacerse cargo de su bebé de año y medio y del 70% de las actividades del hogar; esto, a pesar de que su pareja también pasa todo el tiempo en casa. En otro testimonio, Daniela cuenta que además de lidiar con las tareas de su trabajo, debe cocinar y ayudar a sus hijos con sus clases virtuales por las mañanas y guiarlos con las tareas por las tardes. La situación se complica pues en el hogar existe un solo computador. Si bien, dice, su esposa la “ayuda” (como si no fuera también su responsabilidad) en las tareas del hogar, ella realiza la mayor parte. “Ya no solo cumplo el papel de trabajadora y mamá, también soy profesora y ama de casa las 24 horas del día”, comenta otra mujer.  Por su parte, María, trabajadora del sector público cuenta que “[l]as mujeres tienen más cosas que hacer porque están en la casa. Tienen que cocinar, tienen que lavar. Atienden a los hijos, atienden al marido. No hay responsabilidades divididas. El hecho de casarse no ha significado que los trabajos se dividan”. Expresa que sin el apoyo de sus padres y hermano le sería imposible realizar todas sus labores. Por su parte Jessica, madre de una bebé de año y medio cuenta que “[e]l teletrabajo te demanda estar las 24 horas disponible. Era más fácil ir a la oficina y cumplir con las ocho horas diarias”. Ana, investigadora en una Universidad, explica que en su área la reducción de horas laborales, que acarrea una disminución de artículos, lleva también a una reducción de oportunidades de sobresalir en sus campos de especialidad. Ella dice que ha optado por buscar el apoyo de sus padres y suegros para el cuidado de sus hijas. En este punto, dos reflexiones: trabajar desde casa representa un privilegio de clase y, de nuevo, ¿dónde están los padres de los niños?

El propio sistema patriarcal concentrado en la cultura es una lucha constante que tienen que enfrentar las mujeres. Y, tristemente, la pandemia ha contribuido a profundizar los roles de género. Entendamos y desarraiguemos la idea de que los hombres ayudan en el hogar. Es necesario establecer que es también su responsabilidad, y no solo de las mujeres como consta en el imaginario común. Las relaciones patriarcales tienden a apuntalar el capitalismo. Cuando la vida cotidiana reproduce el sistema capitalista, el trabajo doméstico forma parte de la realización orgánica del capital en forma directa, pero la sobrecarga de explotación hace de la pareja una relación asimétrica o una nueva relación de dominio. La mujer, proletaria del hombre, y en tiempos de coronavirus más que nunca.

Trabajadoras sexuales y comunidad LGTBIQ+.

En Chile hemos podido evidenciar cómo durante estos seis meses de pandemia que nos han afectado, la gran desprotección laboral a la que se han visto enfrentades les trabajadores sexuales. A modo general un gran porcentaje de trabajadores no cuenta con seguros de cesantía ni cobertura de salud, muches trabajan de manera no formal,  es aquí donde entran las trabajadoras sexuales, se han visto enfrentadas al completo abandono, sin recibir ningún tipo de ayudas, pues recordemos que en Chile el trabajo sexual no se considera una labor y por ende, no son “beneficiadas” en ninguna medida con las pocas ayudas que se han entregado por parte del Estado a les trabajadores formales, quedando al desmedro ellas y sus familias cuando en la realidad muchas se visualizan como el sustento de sus hogares y se han visto imposibilitadas de poder ejercer su trabajo desde que se decretó el Estado de catástrofe y la cuarentena obligatoria en la mayor parte del territorio.

Hay que cumplir con el distanciamiento social”, lo que implica estar a más de un metro o dos de otra persona, evitar tocarse, besarse, usar medidas de protección como mascarillas, guantes, lavados de manos constantes, entre otros. Es por este motivo que las trabajadoras sexuales han tenido que buscar otra manera de obtener ingresos durante todos estos meses, sumando a la baja de clientes que se ha provocado por todo lo anteriormente mencionado. Algunas trabajadoras han optado por intentar superar la crisis realizando videollamadas eróticas. Podemos evidenciar que también uno de los  problemas que surgen es que muchas de las mujeres y disidencias sexuales que ejercen el comercio sexual son extranjeras, las cuales quedan aún más desprotegidas al no estar recibiendo ingresos, no teniendo un lugar en donde vivir (ya que muchas aparte de su subsistencia aquí también deben ir en ayuda de sus familias en sus países de procedencia) y no contando con acceso a los servicios de salud, debido a que al no tener contratos muchas no están ligadas a ninguna prestación de salud.

Esta pandemia sólo viene a reforzar la idea de la precaria condición laboral y de desprotección en la que se encuentran las trabajadoras sexuales, pues llevan años peleando por un reconocimiento de sus derechos como trabajadoras porque al no ser un empleo regularizado, quedan al margen de cualquier “beneficio” de un trabajador asalariado, como lo son los seguros de salud, las cotizaciones y los beneficios sociales. La normativa vigente de salud entrega la posibilidad para que las trabajadoras sexuales puedan someterse  a un control voluntario de salud sexual, pero esto queda relegado al que muchas trabajadoras que ejercen este trabajo son extranjeras sin documentación vigente y los establecimientos de salud deben dar cuenta al Estado sobre la condición de residencia en el país de estas trabajadoras.

Podemos evidenciar que la estigmatización social y la desprotección legal y laboral son una carga que pesa el doble en un contexto de confinamiento, en donde la ayuda es casi nula. Los medios de comunicación tradicionales se han encargado de estigmatizar y perseguir a quienes ejercen el comercio sexual, no muestran la profunda represión a las que se han visto enfrentades en estos meses, ni ponen en la palestra la estigmatización social o la desprotección laboral.

Han sido las mismas trabajadoras/es sexuales quienes han desarrollado sus propias estrategias de resistencia y lucha en estos tiempos duros, organizando cajas de resistencias alimentarias para repartir entre ellas, recaudado fondos y haciendo lo que esté a su alcance  poder alivianar un poco el hambre para sobrellevar la carga pesada de estar sin trabajo y en completa desprotección en un contexto de confinamiento y crisis social. No olvidemos que las mujeres y las disidencias sexuales son quienes ejercen en mayor medida esta labor y también son quienes han sido eternamente explotadas por este sistema capitalista patriarcal y merecen una vida digna.

En tanto a como las disidencias sexuales han vivido estos tiempos de pandemia, es claro que la opresión social y estructural operan de manera distinta, la comnidad LGBTIQ+ vive diariamente la discriminación e invisibilización y a día de hoy se sigue intentado patologizar el ser o sentir. Estos meses de pandemia solo ha dejado en evidencia que la desigualdad, la violencia y la discriminación son problematicas cotidianas. Vemos como existen barreras para acceder a la atención de salud, no solo por un tema discriminatorio sino más bien por el desconocimiento de cuáles son las necesidades que se requieren, por falta de equipos realmente capacitados para abordar diversas situaciones.

La medida preventiva de aislamiento social es un factor que puede afectar el bienestar psíquico de las personas, muchas no manejan redes de apoyo que les ayuden a conllevar el encierro. Aunque no contamos con cifras claras que nos den cuenta del incremento de la violencia vivida durante estos últimos meses, sí hay algo claro: los crímenes homofóbicos y la violencia siguen presentes. Hace un par de semanas fue asesinada Leslie Velasquez un claro crimen por lesbicidio, por otra parte un ataque por homofobia se registró casi simultáneamente en otra región de Chile, en donde se transmitió por redes sociales el brutal hecho.

A pesar de que no contamos con cifras actualizadas en el año 2019 los casos de violencia homofóbica aumentaron un 58%  estableciéndose como la cifra más alta registrada. En términos numéricos en casos de denuncias fue el año más violento para las disidencias sexuales, esto nos hace pensar que la realidad a día de hoy no debe ser muy distinta, pues el confinamiento incrementa las tensiones y es aún más difícil denunciar.

En Perú el Ministerio de Salud ha brindado atención a las  y los trabajadores sexuales, principalmente bajo el principio de salvaguardar el derecho a la salud y también evitar los contagios de ITS entre los ciudadanos, aun cuando se ha hecho bajo el principio de respetar el derecho a la salud, sabemos que esta medida también lleva consigo un estigma social que se ha normalizado en el sistema de atención. En épocas anteriores a la pandemia se  brindaba tratamiento de enfermedades comunes y métodos de protección sexual, servicio que fueron suspendidos desde quincena de marzo hasta junio aproximadamente, dejando en estado vulnerable a aquellos que debían laborar por el estado económico precario y el olvido del estado que en algún momento ofreció apoyo público por medio del Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables, esfuerzos que fueron dilatados por trabas meramente burocráticas e incluso discriminatorias,pues consideraban que en el listado de “trabajadoras sexuales” no podía haber nombre de varones, negando así la participación de la comunidad LGTBIQ+ en este trabajo. Nada más lejos de la realidad, pues según la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos realizada a fines del 2019 por el Ministerio de Justicia, el 71% de los peruanos que participaron, reconocieron que es más probable que te discriminen por tu opción sexual antes que por tu condición social,racial o nacionalidad.

En estos dias en que las restricciones para movilizarse han acabado, han surgido también crimenes de odio que tienen como victima a personas de la comunidad LGTBIQ,  el ultimo asesinato de una transfemina ha remecido lo mas rancio de los conservadurismos que difieren del uso de este termino y que se mezcla con la inaccion de las autoridades de justicia peruana quienes aun no emiten algun informe sobre algun sospechoso, y que además no promulgan alguna normativa sobre la protección de esta población,a pesar de considerarla “vulnerable”. Aún con estos problemas, que yacen desde antes de la pandemia pero que se han intensificado en magnitud, las y los trabajadores sexuales han podido organizarse para poder dar frente a la crisis económica y al coronavirus  a través de diversas actividades conjuntas.

             En Ecuador la homosexualidad fue despenalizada en 1997, pero la discriminación que existe en un territorio que tiene una cultura colonial-cristiana y una educación bancaria, resultan en la ausencia un proyecto real de educación sexual integral obligatoria. Por esto la realidad de la comunidad LGBTIQ+ en el territorio ecuatoriano es dura y en la pandemia las condiciones han empeorado.

En el ámbito laboral la comunidad siempre ha tenido problemas al conseguir trabajo, sobre todo les persones de la comunidad trans. En un censo que se realizó a la comunidad LGBTIQ+ de Ecuador se concluyó que “el 15,94% de la población LGBTI entrevistada en algún momento estuvo o está involucrada con actividades de trabajo sexual. De este porcentaje, el 49%, de les persones entrevistadas afirman ejercer o han ejercido trabajo sexual”. Por lo cual, si en circunstancias normales era complicado para la comunidad conseguir trabajo en tiempos de pandemia aún más, por lo cual varias organizaciones LGBTIQ+ se han coordinado para hacer comedores comunitarios, donar canastas de alimentos y brindar artículos de seguridad sanitaria. Esto ha ayudado mucho, pero los actos de violencia siguen. En el tiempo de pandemia se registraron 4 asesinatos a persones de la comunidad, un sin número de actos de violencia, intentos de asesinato, desapariciones y desabastecimiento de medicamentos para el VIH.

Uno de los asesinatos que más relieve mediático tuvo fue el de un militar que apuñaló 89 veces a un joven gay. Los individuos se contactaron mediante mensajes de texto y acordaron verse en el departamento de la víctima. Después de 30 min ocurrió el crimen. El responsable de este acto se encuentra detenido esperando sentencia.

Por otro lado, gran parte de mujeres trans son trabajadoras sexuales (aunque existen mujeres cisgénero que también trabajan en esta industria). Por ejemplo, Lucia la cual tiene 3 hijes con discapacidad y en plena pandemia no ha dejado de trabajar ya que no tiene otra forma de mantener a su familia, ella comenta que “solamente estamos sobreviviendo. El mundo es una pirámide y resulta que hay pocos arriba y muchos abajo. Nosotras somos las de abajo. Pero tengo esperanza y sé que vamos a salir adelante”. Otro caso es el de una mujer trans de Guayaquil la cual comenta que “ no es un sueño ser prostituta. Aunque no hacemos daño a nadie con este trabajo, muchas terminamos en esto porque no nos dan oportunidades en ningún otro lado”.

Aunque en el sistema capitalista se promueve la “libertad” del ser humano y se ha visto una mayor aceptación jurídica hacia la comunidad, la alienación cultural que existe hacia la población LGBTIQ+ es una realidad que la afecta a nivel global y que no le preocupa mucho al sistema capitalista. Por esta razón no existe mayores proyectos estatales para combatir la discriminación. Podemos decir que tanto la comunidad LGBTIQ+ como les trabajadores sexuales son comunidades alienadas por el capitalismo. Las cuales viven realidades muy parecidas y muchas veces sus poblaciones se juntan para organizarse y combatir contra la discriminación y la miseria material con la que se enfrentan, pues muchas veces son quienes quedan relegades del sistema y son doblemente oprimides y explotades.

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